En cuanto a la situación judicial, la diferencia del resultado podría interferir en la decisión del juez si es señalado por homicidio culposo o doloso.
El pasado martes, se conoció la legalización de la captura del empresario Enrique Vives Caballero, quien el 12 de septiembre arrolló con su camioneta a seis jóvenes en el sector de Gaira, Santa Marta, que murieron en el lugar.
Las víctimas, quienes habían salido de una fiesta familiar con motivo de celebración del cumpleaños del único sobreviviente, un joven de 13 años, las víctimas fueron identificadas como: Camila Romero, Leonor Romero, Juan Diego Álzate, Camila Martínez y Laura Valentina de Lima, quienes fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que Rafaela Pertuz Zaneite, murió en una clínica.
De acuerdo con las primeras hipótesis, el excandidato al Concejo de Santa Marta tenía grado 2 de alicoramiento cuando conducía el vehículo involucrado en la muerte de los jóvenes, a la altura del sector de Gaira, en la capital del Magdalena.
“Se determinó técnicamente que el grado de alicoramiento era grado dos, es decir, un grado alto, lo que le representa una suspensión de cinco años de la licencia de tránsito y un comparendo de 11.800.000 pesos”, manifestó en su momento el coronel Jesús de los Reyes Valencia, comandante de la Policía en Santa Marta.
Sin embargo, revista Semana reveló que aunque las autoridades afirmaron que el empresario se encontraba en grado dos de alcoholemia en el momento de los hechos, en realidad, el grado era tres, una diferencia significativa que afecta directamente la pena que Caballero podría recibir.
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