Este jueves 5 de octubre, un grupo de 30 etnoeducadores de los departamentos de La Guajira, Sucre y Córdoba protestan frente a las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional, en Bogotá. Los profesores, que les enseñan a niños en resguardos indígenas, aseguran que un decreto del Gobierno nacional les dará el control de la educación a las comunidades étnicas.
Cabe destacar, que se trata del Decreto 1345 del 15 de agosto de 2023, el cual establece un Sistema Transitorio de Equivalencias para el Régimen de Carrera Especial de los Dinamizadores Pedagógicos o Educadores Indígenas. Basándose, en todos los artículos de la Constitución que ordenan respetar los derechos a la lengua y enseñanza tradicional indígena, para otorgarles administración total del sistema y crear unas nuevas condiciones laborales para los educadores.
De acuerdo con Arley van Strahlen Mercado, educador en resguardos indígenas en La Guajira, esto también significará manejo de recursos.
“El Gobierno que se denominó del cambio expidió un decreto transitorio que busca privatizar la educación indígena dentro de las mismas comunidades, dándoles así los recursos a las organizaciones indígenas. Eso busca vulnerar derechos laborales a los etnoeducadores que desarrollamos procesos en comunidades indígenas. Estamos haciendo un plantón pacífico frente al Ministerio de Educación Nacional. Hay varias delegaciones por departamento”, explicó el educador.
Por lo tanto, en el decreto, se lee que los indígenas tendrán “autonomía y libre autodeterminación” en términos administrativos: “Los pueblos indígenas determinan autónomamente sus instituciones, estructuras, autoridades de gobierno y sus procesos de educación indígena propio, así como el ejercicio de funciones jurisdiccionales, culturales, políticas, pedagógicas y administrativas en su ámbito territorial. La autonomía de los pueblos implica las distintas garantías y formas de participación para los pueblos indígenas en el diseño y puesta en marcha de los sistemas educativos propios”.
De acuerdo con el profesor, su vinculación laboral ya no dependerá del Ministerio de Educación Nacional, entidad que girará los recursos directamente a los resguardos indígenas.
Es importante resaltar que, al final del decreto, se establece el proceso de desvinculación: “Estará a cargo de los pueblos indígenas, a través de sus estructuras de gobierno propio, la cual comunicará a la Entidad Territorial Certificada que el Dinamizador Pedagógico o Educador Indígena no cumple con los acuerdos fijados al momento de expedir el aval; por consiguiente, es procedente el retiro del aval, siempre que se agote el debido proceso acorde con las Leyes de Origen, Derecho Mayor y Derecho Propio de cada pueblo indígena, la Constitución Política y las normas legales aplicables”.
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