“En la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, el Defensor del Pueblo Carlos Camargo Asís, pidió una vez más al Estado, con el apoyo de la comunidad internacional y la sociedad, fortalecer la definición e implementación de políticas públicas que permitan de manera temprana y urgente prevenir la esclavitud dentro y fuera del territorio colombiano”.
La Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, a través de sus Duplas de género en todo territorio nacional, acompañó 236 casos entre enero del 2018 y junio del 2023. De ese total, 212 (el 89%) correspondieron a victimizaciones contra niñas, adolescentes y mujeres; 60 de ellos (el 25,4%) estuvieron relacionados con la esclavización de personas migrantes.
“La trata de personas es una grave vulneración de los derechos humanos que cada día afecta a más personas nacionales y extranjeras, sin que existan los suficientes recursos estatales para afrontar el accionar de quienes son tratantes de manera autónoma y organizada, lo cual redunda en la desprotección de quienes son víctimas directas e indirectas, especialmente niñas, adolescentes y mujeres”, indicó Carlos Camargo Assis.
Los departamentos donde se ha agravado la problemática de junio de 2018 a junio 2023) son Norte de Santander (43 casos), Bogotá (25), Caldas (23), Valle del Cauca (20) y Cundinamarca (13), sin que deje de ser preocupante la situación en los demás departamentos en los que no existen las suficientes herramientas para la prevención e identificación de contextos de riesgo y de casos.
La Dirección Nacional de Defensoría Pública, atendiendo a las disposiciones contenidas en la Ley 985 de 2005 y en el Decreto 1066 de 2015, está representando judicialmente a víctimas del delito en 124 procesos penales.
A partir de la expedición del Decreto 2124 de 2017, la Defensoría del Pueblo, por medio de su Delegada para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas, ha emitido 40 Alertas en las que advierte el riesgo de trata de personas en el desarrollo del conflicto armado y en conexidad con otras violencias. A la fecha, esta conducta ha sido identificada en 133 municipios de 25 departamentos.
De lo anterior se infiere que, para los grupos al margen de la ley inmersos en el conflicto, esclavizar a personas connacionales y extranjeras les genera una serie de beneficios no calculados: económicos, de control poblacional y del territorio. Vale aclarar que estos grupos, por las dinámicas en las regiones, se vinculan de forma directa o indirecta a las redes criminales y a los tratantes autónomos.
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